por el Dr. Antonio de Oliveira Salazar
CAPITULO IV
Principios fundamentales de la Revolución política
Principios fundamentales de la Revolución política
Es éste uno de los discursos más trascendentales, en que el Dr Oliveira Salazar demostró poseer condiciones excepcionales no ya sólo de Ministro de Hacienda sino de conductor y jefe del Estado Nuevo Portugués. En este discurso pueden hallarse las líneas directivas de la futura Constitución. Fue pronunciado en la Sala del Consejo de Estado el día 30 de Julio de 1930, ante los representantes de todos los distritos y municipios del País.
I. La crisis política general
La evolución económica y social, las revoluciones, los sistemas doctrinales, las imperfecciones, abusos y vicios del parlamentarismo, el influjo desastroso de la Gran Guerra, ejercido en todos los dominios del pensamiento y de la acción, provocaron en todas partes, y en Europa especialmente, graves situaciones en la constitución de los Estados y en la vida de las naciones. Atacados en su organización, en sus principios y tradiciones, por las ideas, las pasiones y los intereses antisociales o antinacionales, los Estados europeos ofrecen en su vida interna y en sus relaciones internacionales, aspectos inquietantes de perturbación e inestabilidad. Diríase que las sociedades, sacudidas en sus cimientos históricos, corren peligro de perder su estructura poderosa y su propia naturaleza ancestral; por lo menos se evidencia que la máquina política, que funcionó como pudo durante todo el siglo XIX y la primera parte del actual, no se adapta sin profundas transformaciones, al ritmo de la vida moderna de los Estados.
Bajo el imperio de las dificultades, diéronse acciones y reacciones mutuas, que hicieron surgir tendencias opuestas en las corrientes políticas y sociales, y por lo tanto, de un modo inevitable, en las propias formas de la gobernación pública.
Obsérvanse, de un lado, los desórdenes cada vez más graves del individualismo, del socialismo y del parlamentarismo, envenenados por las tendencias internacionalistas, y frente a unos y otros, cada vez más acentuada la pasividad de los Estados y la impotencia de los poderes públicos en el juego de las funciones constitucionales. De otro lado, el propio instinto de conservación despierta esfuerzos que se orientan hacia el nacionalismo y el antiindividualismo, pero que van arrastrados, por la pendiente natural de las ideas y de los acontecimientos, hacia extremismos doctrinales, y hacia dictaduras claras o disfrazadas, que, aparte su legitimación por las necesidades del momento, representan también una anormalidad.
La razón observadora y desapasionada busca, en medio de tanta confusión, cual es el camino a seguir, y presiente que la salvación estaría en preparar modalidades de vida pública — digamos constituciones, — en virtud de las cuales puedan coexistir en paz y tranquilidad todos los elementos políticos y sociales, y sean llamadas a una actuación pacífica las diversas manifestaciones de vida colectiva que hace surgir nuestro tiempo, sin que por éso dismimuya la fuerza del Estado o su poder de coordinación y de mando, ni la capacidad administrativa necesaria para el progreso de las naciones. El deseo de encontrar las fórmulas de un nuevo equilibrio y de trazar las rutas del porvenir, domina en el espíritu de los hombres de gobierno en todos los Estados, sea cual fuere el régimen legal o efectivo en que vivan.
Bajo el imperio de las dificultades, diéronse acciones y reacciones mutuas, que hicieron surgir tendencias opuestas en las corrientes políticas y sociales, y por lo tanto, de un modo inevitable, en las propias formas de la gobernación pública.
Obsérvanse, de un lado, los desórdenes cada vez más graves del individualismo, del socialismo y del parlamentarismo, envenenados por las tendencias internacionalistas, y frente a unos y otros, cada vez más acentuada la pasividad de los Estados y la impotencia de los poderes públicos en el juego de las funciones constitucionales. De otro lado, el propio instinto de conservación despierta esfuerzos que se orientan hacia el nacionalismo y el antiindividualismo, pero que van arrastrados, por la pendiente natural de las ideas y de los acontecimientos, hacia extremismos doctrinales, y hacia dictaduras claras o disfrazadas, que, aparte su legitimación por las necesidades del momento, representan también una anormalidad.
La razón observadora y desapasionada busca, en medio de tanta confusión, cual es el camino a seguir, y presiente que la salvación estaría en preparar modalidades de vida pública — digamos constituciones, — en virtud de las cuales puedan coexistir en paz y tranquilidad todos los elementos políticos y sociales, y sean llamadas a una actuación pacífica las diversas manifestaciones de vida colectiva que hace surgir nuestro tiempo, sin que por éso dismimuya la fuerza del Estado o su poder de coordinación y de mando, ni la capacidad administrativa necesaria para el progreso de las naciones. El deseo de encontrar las fórmulas de un nuevo equilibrio y de trazar las rutas del porvenir, domina en el espíritu de los hombres de gobierno en todos los Estados, sea cual fuere el régimen legal o efectivo en que vivan.
II El caso portugués
Precisamente en esta Europa enferma, convulsa, empobrecida, desequilibrada, que busca a tientas las soluciones políticas del porvenir, es donde hay que localizar el caso portugués. Reducir, como ha querido hacerse, el movimiento que implantó la Dictadura a una «conspiración de cuartel» para que la clase militar viniese a usufructuar el Poder, es desconocer las razones profundas del malestar general, las tendencias de nuestro tiempo y todas las debilidades, abdicaciones e insuficiencias del poder público, que forman la base de lo que ha podido llamarse la «crisis del Estado moderno».
Con motivos ocasionales, sin duda alguna, en su iniciación; con el color local que indiscutiblemente le dio la especial gravedad de nuestros problemas; con las modalidades que habían de imprimirle las circunstancias de la política portuguesa y nuestra manera de ser y de sentir, la Dictadura, si bien indecisa, titubeante, irregular en la marcha y en la acción, más bien en los comienzos sentimiento instintivo que idea clara, es un fenómeno de la misma naturaleza que los que se observan en distintas partes del mundo, con parlamento o sin él, y que procuran dar prestigio y fuerza al Poder contra las arremetidas del desorden, y ponerle en condiciones de trabajar en favor de la Nación, muy por encima de las divisiones y los odios de los hombres, y de los intereses particulares de los grupos. Avanzar más o menos en este camino depende de las posibilidades nacionales y sobre todo, de la preparación del espíritu público; pero no constituye diferencia esencial.
Todos saben de donde salimos: de una de las mayores desorganizaciones que ha podido conocer Portugal, en la economía, en la hacienda, en la política y en la administración pública. Divisiones intestinas, solidaridades equívocas en la política y en la administración, errores acumulados, falta de corrección de los vicios de nuestra organización social, desorden constitucional permanente, revoluciones continuas que nada remediaban, antes, por el contrario, agravaban todos los males, hicieron que se perdiera la fe en el Estado como director y coordinador de los esfuerzos individuales. Entre tanto la intranquilidad existente en el espíritu público perdía la confianza en su fuerza para defender la vida y los bienes de los ciudadanos. Reclinado tristemente sobre el pasado glorioso de su Historia, y sobre las ruinas, miserias y desorganización del presente, desconociendo sus enormes posibilidades de gran nación, garantía del futuro, el País cayó en la «apagada y vil tristeza» del poeta, y parecía haber renunciado a vivir un gran pensamiento de renovación interior, y de ocupar en el mundo, sin afrenta para nadie, el lugar que puede y debe ocupar.
Todos saben de donde vinimos, y todos saben donde estamos. Los esfuerzos realizados y los resultados obtenidos, sean cuales fueren las deficiencias impuestas por la gravedad de los males existentes, impidieron la catástrofe, y dan hoy la seguridad de que se está en la vía de la salvación y el resurgimiento. Si dejamos a un lado las acusaciones formuladas por quienes tienen que acudir a las campañas de rumores contra la Dictadura — dentro de breves días responderé con números a la nueva ofensiva contra la política financiera—; si examinamos a plena luz los sufrimientos propios de la obra curativa, comunes a toda Europa, trastornada por la guerra; si comparamos la situación de 1926 con la que hoy existe y la que está en perspectiva por el progreso de la reorganización nacional, llegaremos a la conclusión de que, a pesar de los motivos de falta de satisfacción, comunes en mayor o menor grado a todos los pueblos, evitamos un despeñadero mortal y nos hallamos en terreno seguro, desde donde podemos alcanzar la prosperidad. Hay paz; hay orden; un espíritu de nueva vida anima al País; hay confianza y hay crédito; imperan en la administración los principios de moral, que completan, en la ejecución, la justicia de la ley. Hay un plan de vida para el Estado, formulado sobre los intereses generales de la colectividad (y todos saben que una vez trazados, los programas de Gobierno se cumplen); el País, aliviado de la atmósfera de partidismos irreductibles, está menos dividido, y apesar de no haber escogido sus representantes, se siente más cerca del Poder, nota que el Gobierno es más suyo, confía más en su justicia y en su acción.
He aquí donde nos encontramos; y sabiendo ya de donde vinimos, es preciso ver ahora adonde vamos.
Apesar de la agitación revolucionaria que pretende restablecer la situación anterior, y que sin cesar desmiente por un lado lo que por otro afirma, es lo cierto que no hay declaraciones públicas de políticos responsables en el sentido de defender un pasado, que, según todos, no debe tener continuación ni ser digno de imitación, ya que hay confesión de errores y propósitos de enmienda.
La unidad de criterio sobre este aspecto negativo del problema, nos dispensa de insistir sobre él. Demasiado sabemos nosotros y saben ellos que, en el caso de desaparecer la Dictadura por la vuelta al régimen de facciones, toda la obra de restauración, todas las posibilidades que hoy existen serían sustituidas por las causas anteriores de desorganización y de ruina, agravadas en su fuerza destructora por una mayor indisciplina, por las pasiones exacerbadas, por el aniquilamiento de las últimas resistencias materiales y morales que pudieran oponerse a todos los desmanes y hasta a la misma subversión de las condiciones de existencia de la propia sociedad.
¿Qué hacer entonces? Una actitud de neutralidad e independencia, limitada a aguardar que del simple embate de las fuerzas políticas surja el Estado futuro, es una actitud de imprevisión, indigna de gobernantes, carente de lógica, desconocedora de las realidades sociales. Jamás barco abandonado a la furia de vientos contrarios alcanzó el abrigo del puerto, y muchas veces se despedazó al tocar tierra, en los escollos de la costa.
¿Qué hacer entonces? Tomar resueltamente las tradiciones aprovechables del pasado, las realidades del presente, los frutos de la experiencia propia y ajena, la previsión del futuro, las legítimas aspiraciones de los pueblos, el ansia de autoridad y disciplina que agita a las geraciones presentes, y construir con ello el nuevo orden de cosas que, sin excluir aquellas verdades que son substanciales a todos los sistemas políticos, mejor se amolde a nuestro temperamento y a nuestras necesidades.
Veamos, en resumen, sus principales puntos de apoyo.
Con motivos ocasionales, sin duda alguna, en su iniciación; con el color local que indiscutiblemente le dio la especial gravedad de nuestros problemas; con las modalidades que habían de imprimirle las circunstancias de la política portuguesa y nuestra manera de ser y de sentir, la Dictadura, si bien indecisa, titubeante, irregular en la marcha y en la acción, más bien en los comienzos sentimiento instintivo que idea clara, es un fenómeno de la misma naturaleza que los que se observan en distintas partes del mundo, con parlamento o sin él, y que procuran dar prestigio y fuerza al Poder contra las arremetidas del desorden, y ponerle en condiciones de trabajar en favor de la Nación, muy por encima de las divisiones y los odios de los hombres, y de los intereses particulares de los grupos. Avanzar más o menos en este camino depende de las posibilidades nacionales y sobre todo, de la preparación del espíritu público; pero no constituye diferencia esencial.
Todos saben de donde salimos: de una de las mayores desorganizaciones que ha podido conocer Portugal, en la economía, en la hacienda, en la política y en la administración pública. Divisiones intestinas, solidaridades equívocas en la política y en la administración, errores acumulados, falta de corrección de los vicios de nuestra organización social, desorden constitucional permanente, revoluciones continuas que nada remediaban, antes, por el contrario, agravaban todos los males, hicieron que se perdiera la fe en el Estado como director y coordinador de los esfuerzos individuales. Entre tanto la intranquilidad existente en el espíritu público perdía la confianza en su fuerza para defender la vida y los bienes de los ciudadanos. Reclinado tristemente sobre el pasado glorioso de su Historia, y sobre las ruinas, miserias y desorganización del presente, desconociendo sus enormes posibilidades de gran nación, garantía del futuro, el País cayó en la «apagada y vil tristeza» del poeta, y parecía haber renunciado a vivir un gran pensamiento de renovación interior, y de ocupar en el mundo, sin afrenta para nadie, el lugar que puede y debe ocupar.
Todos saben de donde vinimos, y todos saben donde estamos. Los esfuerzos realizados y los resultados obtenidos, sean cuales fueren las deficiencias impuestas por la gravedad de los males existentes, impidieron la catástrofe, y dan hoy la seguridad de que se está en la vía de la salvación y el resurgimiento. Si dejamos a un lado las acusaciones formuladas por quienes tienen que acudir a las campañas de rumores contra la Dictadura — dentro de breves días responderé con números a la nueva ofensiva contra la política financiera—; si examinamos a plena luz los sufrimientos propios de la obra curativa, comunes a toda Europa, trastornada por la guerra; si comparamos la situación de 1926 con la que hoy existe y la que está en perspectiva por el progreso de la reorganización nacional, llegaremos a la conclusión de que, a pesar de los motivos de falta de satisfacción, comunes en mayor o menor grado a todos los pueblos, evitamos un despeñadero mortal y nos hallamos en terreno seguro, desde donde podemos alcanzar la prosperidad. Hay paz; hay orden; un espíritu de nueva vida anima al País; hay confianza y hay crédito; imperan en la administración los principios de moral, que completan, en la ejecución, la justicia de la ley. Hay un plan de vida para el Estado, formulado sobre los intereses generales de la colectividad (y todos saben que una vez trazados, los programas de Gobierno se cumplen); el País, aliviado de la atmósfera de partidismos irreductibles, está menos dividido, y apesar de no haber escogido sus representantes, se siente más cerca del Poder, nota que el Gobierno es más suyo, confía más en su justicia y en su acción.
He aquí donde nos encontramos; y sabiendo ya de donde vinimos, es preciso ver ahora adonde vamos.
Apesar de la agitación revolucionaria que pretende restablecer la situación anterior, y que sin cesar desmiente por un lado lo que por otro afirma, es lo cierto que no hay declaraciones públicas de políticos responsables en el sentido de defender un pasado, que, según todos, no debe tener continuación ni ser digno de imitación, ya que hay confesión de errores y propósitos de enmienda.
La unidad de criterio sobre este aspecto negativo del problema, nos dispensa de insistir sobre él. Demasiado sabemos nosotros y saben ellos que, en el caso de desaparecer la Dictadura por la vuelta al régimen de facciones, toda la obra de restauración, todas las posibilidades que hoy existen serían sustituidas por las causas anteriores de desorganización y de ruina, agravadas en su fuerza destructora por una mayor indisciplina, por las pasiones exacerbadas, por el aniquilamiento de las últimas resistencias materiales y morales que pudieran oponerse a todos los desmanes y hasta a la misma subversión de las condiciones de existencia de la propia sociedad.
¿Qué hacer entonces? Una actitud de neutralidad e independencia, limitada a aguardar que del simple embate de las fuerzas políticas surja el Estado futuro, es una actitud de imprevisión, indigna de gobernantes, carente de lógica, desconocedora de las realidades sociales. Jamás barco abandonado a la furia de vientos contrarios alcanzó el abrigo del puerto, y muchas veces se despedazó al tocar tierra, en los escollos de la costa.
¿Qué hacer entonces? Tomar resueltamente las tradiciones aprovechables del pasado, las realidades del presente, los frutos de la experiencia propia y ajena, la previsión del futuro, las legítimas aspiraciones de los pueblos, el ansia de autoridad y disciplina que agita a las geraciones presentes, y construir con ello el nuevo orden de cosas que, sin excluir aquellas verdades que son substanciales a todos los sistemas políticos, mejor se amolde a nuestro temperamento y a nuestras necesidades.
Veamos, en resumen, sus principales puntos de apoyo.
III
Los principios fundamentales del nuevo orden de cosas
a) La Nación Portuguesa
En nuestro orden político, la primera realidad es la existencia independiente de la Nación Portuguesa, con derecho a poseer fuera del continente europeo — aumentando su herencia peninsular por un imperativo categórico de la Historia, por su acción ultramarina en descubrimientos y conquistas y por la conjunción y armonía de los esfuerzos civilizadores de las razas — el patrimonio marítimo, territorial, político y espiritual que abarca la esfera de su dominio o de su influencia.
De esta fuerte realidad y de esta fundamental afirmación se derivan otras inmediatamente: la primera es que están subordinadas a los supremos objetivos de la Nación, con sus intereses propios, todas las personas individuales o colectivas, que son elementos integrantes de su organismo. En contraposición y como garantía de la superior eficacia de este sacrificio, se afirma también que la Nación no se confunde con un partido, ni éste se identifica con el Estado, y que el Estado no es, en la vida internacional, un súbdito, sino un colaborador asociado. De un modo más sencillo: tenemos obligación de sacrificarlo todo por todos; no debemos sacrificarnos todos por algunos.
Tan naturales y evidentes son estos principios, que puede parecer supérfluo definirlos. Pero quienes consideren algunas de las ideologías que están en boga en nuestro tiempo, comprenderán que tales puntos de partida son una necesidad primordial de nuestro derecho público. Lo son en nuestra vida interna, como principio informador de nuestra actividad y clara afirmación de nuestro destino ante nosotros mismos, debilitados en nuestra unidad nacional por el espíritu de partido, corroídos en nuestros intereses materiales por el espíritu de parasitismo y de favor. Lo son ante el mundo en esta época de vida intensa y de colaboración internacional, contaminada de internacionalismos y cosmopolitismos diversos; y lo son, además, en estos instantes decisivos en que pueden surgir amenazas, restricciones o negaciones de nuestros títulos jurídicos.
Nuestro País se formó casi de una vez, desde que se llevó a cabo la reconquista de este extremo de la Península, y nuestras fronteras, inalterables desde hace siglos, no se trazaron a expensas de ninguna otra nación europea. Este hecho nos sustrae a las disputas históricas de conquistas y revanchas, permitiendo que se afirme más limpia la fuerza moral de nuestra independencia, así como de nuestra expansión, desde el momento en que, asegurada la base peninsular, cruzamos los mares para la ampliación de nuestros dominios y la manifestación mundial de nuestro genio civilizador. Ahí está, ingénita, natural, la substancia de este nacionalismo, que tiene que ser el alma de la conservación, del renacimiento y del progreso de Portugal.
De esta fuerte realidad y de esta fundamental afirmación se derivan otras inmediatamente: la primera es que están subordinadas a los supremos objetivos de la Nación, con sus intereses propios, todas las personas individuales o colectivas, que son elementos integrantes de su organismo. En contraposición y como garantía de la superior eficacia de este sacrificio, se afirma también que la Nación no se confunde con un partido, ni éste se identifica con el Estado, y que el Estado no es, en la vida internacional, un súbdito, sino un colaborador asociado. De un modo más sencillo: tenemos obligación de sacrificarlo todo por todos; no debemos sacrificarnos todos por algunos.
Tan naturales y evidentes son estos principios, que puede parecer supérfluo definirlos. Pero quienes consideren algunas de las ideologías que están en boga en nuestro tiempo, comprenderán que tales puntos de partida son una necesidad primordial de nuestro derecho público. Lo son en nuestra vida interna, como principio informador de nuestra actividad y clara afirmación de nuestro destino ante nosotros mismos, debilitados en nuestra unidad nacional por el espíritu de partido, corroídos en nuestros intereses materiales por el espíritu de parasitismo y de favor. Lo son ante el mundo en esta época de vida intensa y de colaboración internacional, contaminada de internacionalismos y cosmopolitismos diversos; y lo son, además, en estos instantes decisivos en que pueden surgir amenazas, restricciones o negaciones de nuestros títulos jurídicos.
Nuestro País se formó casi de una vez, desde que se llevó a cabo la reconquista de este extremo de la Península, y nuestras fronteras, inalterables desde hace siglos, no se trazaron a expensas de ninguna otra nación europea. Este hecho nos sustrae a las disputas históricas de conquistas y revanchas, permitiendo que se afirme más limpia la fuerza moral de nuestra independencia, así como de nuestra expansión, desde el momento en que, asegurada la base peninsular, cruzamos los mares para la ampliación de nuestros dominios y la manifestación mundial de nuestro genio civilizador. Ahí está, ingénita, natural, la substancia de este nacionalismo, que tiene que ser el alma de la conservación, del renacimiento y del progreso de Portugal.
b) Consolidación del Estado
Atraviesa el mundo, tanto en el orden interno como en el internacional, una etapa de evidente debilidad del Estado; por otra parte, ciertas reacciones, justificadas pero excesivas, caminan, aquí y allá, hacia su omnipotencia y divinización.
A uno y otro exceso hay que contraponer el Estado fuerte, pero limitado por la moral, por los principios del derecho de gentes, por las garantías y libertades individuales, que son la suprema exigencia de la solidaridad social. Este concepto es el que debe inspirar la organización y el desenvolvimiento del Estado portugués en la realización de su finalidad histórica.
Portugal es un Estado que ama la paz, que tiene espíritu civilizador, que colabora en el fortalecimiento del orden universal, que condena la guerra de ambición, que adopta el arbitraje para la liquidación de los conflictos entre los Estados, que incorpora su Derecho público al cuadro de los fines superiores de la humanidad, y que pretende el desenvolvimiento armónico, pacífico, productivo de las facultades de los ciudadanos para el perfeccionamiento y progreso de las relaciones internas y externas de la Nación. Su sistema educativo ha de estar dominado por los principios del deber moral, de la libertad civil y de la fraternidad humana.
Pero en el campo del derecho constitucional, respetados los límites a que queda hecha referencia, deben reforzarse las garantías exigidas por la integridad política y jurídica del Estado frente a todas las limitaciones que pretendieran imponerle el individualismo y el internacionalismo. La seguridad propia es una necesitad vital, que exige el mantenimiento de las instituciones militares. La unidad e individualidad del territorio son condiciones fundamentales, debiendo eliminarse cualquier hipótesis de excesivo regionalismo o de confederación política. El Estado tiene el derecho de promover, armonizar y fiscalizar todas las actividades nacionales en el amor a la Patria, y en la disciplina de los ejercicios vigorosos, que la preparen y dispongan para una actividad fecunda y para todo cuanto puedan exigir de ella el honor o el interés nacional.
Por encima del fraccionamiento del poder — los servicios, las autarquías, las actividades particulares y públicas, la vida local, los dominios coloniales, las mil manifestaciones de la vida en sociedad —, sin contrariarlas o entorpecerlas en su acción, el Estado extenderá el manto de su unidad, de su espíritu de coordinación y de su fuerza. El Estado debe ser tan fuerte que no necesite ser violento.
A uno y otro exceso hay que contraponer el Estado fuerte, pero limitado por la moral, por los principios del derecho de gentes, por las garantías y libertades individuales, que son la suprema exigencia de la solidaridad social. Este concepto es el que debe inspirar la organización y el desenvolvimiento del Estado portugués en la realización de su finalidad histórica.
Portugal es un Estado que ama la paz, que tiene espíritu civilizador, que colabora en el fortalecimiento del orden universal, que condena la guerra de ambición, que adopta el arbitraje para la liquidación de los conflictos entre los Estados, que incorpora su Derecho público al cuadro de los fines superiores de la humanidad, y que pretende el desenvolvimiento armónico, pacífico, productivo de las facultades de los ciudadanos para el perfeccionamiento y progreso de las relaciones internas y externas de la Nación. Su sistema educativo ha de estar dominado por los principios del deber moral, de la libertad civil y de la fraternidad humana.
Pero en el campo del derecho constitucional, respetados los límites a que queda hecha referencia, deben reforzarse las garantías exigidas por la integridad política y jurídica del Estado frente a todas las limitaciones que pretendieran imponerle el individualismo y el internacionalismo. La seguridad propia es una necesitad vital, que exige el mantenimiento de las instituciones militares. La unidad e individualidad del territorio son condiciones fundamentales, debiendo eliminarse cualquier hipótesis de excesivo regionalismo o de confederación política. El Estado tiene el derecho de promover, armonizar y fiscalizar todas las actividades nacionales en el amor a la Patria, y en la disciplina de los ejercicios vigorosos, que la preparen y dispongan para una actividad fecunda y para todo cuanto puedan exigir de ella el honor o el interés nacional.
Por encima del fraccionamiento del poder — los servicios, las autarquías, las actividades particulares y públicas, la vida local, los dominios coloniales, las mil manifestaciones de la vida en sociedad —, sin contrariarlas o entorpecerlas en su acción, el Estado extenderá el manto de su unidad, de su espíritu de coordinación y de su fuerza. El Estado debe ser tan fuerte que no necesite ser violento.
c) Fortalecimiento del poder ejecutivo
No hay Estado fuerte donde el Poder Ejecutivo no lo sea, y precisamente su debilitación es la característica general de los regímenes políticos dominados por el liberalismo individualista o socialista, por el espíritu de partido y por los excesos y desórdenes del parlamentarismo.
El sano principio de la división, armonía e independencia de los poderes está prácticamente desvirtuado por las costumbres parlamentarias e incluso por normas insertas en las constituciones en la parte referente a la elección presidencial y al nombramiento y separación de los Ministros. Esas normas vienen sujetando, de hecho, el Poder Ejecutivo al Legislativo, ejercido por mayorías variables y ocasionales, y a merced también de votaciones de centros partidistas, extraños a los poderes públicos. Es una necesidad fundamental restituir a ese principio un contenido real y efectivo, y bien observados los acontecimientos políticos de Europa en estos últimos años, puede afirmarse que, habiéndose tornado inevitables por el desorden de aquel mecanismo, todo gira en torno a la preocupación dominante de hallar un sistema que dé al Poder Ejecutivo independencia, estabilidad, prestigio y fuerza.
Sea cual fuere la composición y el proceso de formación de las Cámaras, ha de reconocérseles la facultad exclusiva de fiscalizar la gobernación pública, de trazar las grandes líneas orientadoras de la política del Estado y de hacer las leyes. No se opone a ésto dificultad alguna de principio; pero estoy convencido de que las necesidades modernas de la legislación, excepcionalmente abundante, de un lado, y de otro la lentitud de movimientos de un órgano tan complejo como las Cámaras, operarán dentro de pocos años una gran transformación en sus métodos de trabajo. Preveo que los parlamentos, aún cuando no hayan de convertirse en lo porvenir en órganos puramente políticos y extraños a la función legislativa, han de verse obligados a aprobar solamente las bases generales de las grandes leyes, dejando al Poder Ejecutivo, como responsable que es de la marcha de la administración, facultades más amplias que las simplemente reglamentarias que hoy tiene.
Trabajen de ésta o de otra forma, lo que no puede reconocerse a las Cámaras Legislativas es el derecho a imponer o derribar Ministros, y hacer una obra de obstrucción de la vida pública. Así, dejando de ser combinaciones, circunstanciales de grupos para la conquista del otro Poder, serán las Cámaras susceptibles de disciplina y buen rendimiento dentro de su función, trabajando sólo el tiempo indispensable para ejercerla bien.
El Poder Ejecutivo, ejercido por el Jefe del Estado, con los Ministros nombrados libremente por él, sin subordinación a ninguna indicación parlamentaria, tiene por misión gobernar con arreglo a derecho; le incumbe la obligación y la responsabilidad de mantener la existencia y la honra de la Nación, asegurar el orden y la tranquilidad públicas, cumplir y hacer cumplir las leyes, proveer a todo lo que sea indispensable para la conservación y funcionamiento del Estado. Para éso es forzoso que sea tan independiente y tan legítimo representante de la Nación como el Poder Legislativo.
En nuestra triste historia contemporánea parece que nunca pudieron coexistir los dos Poderes debidamente equilibrados: ora es el Legislativo el que domina, subordinando los gobiernos a su voluntad; ora es el Ejecutivo el que reacciona, reemplazando enteramente a aquel. Y lo peor es que, como tiene demostrado la experiencia, para trabajar por el País desde el gobierno, es preciso prescindir de la Constitución.
Pues bien: hay que preparar un orden constitucional que pueda ser la vida normal del Estado, y en la que se consiga la armonía de los Poderes sin privar al Legislativo de competencia y prestigio, ni al Ejecutivo de estabilidad y fuerza.
El sano principio de la división, armonía e independencia de los poderes está prácticamente desvirtuado por las costumbres parlamentarias e incluso por normas insertas en las constituciones en la parte referente a la elección presidencial y al nombramiento y separación de los Ministros. Esas normas vienen sujetando, de hecho, el Poder Ejecutivo al Legislativo, ejercido por mayorías variables y ocasionales, y a merced también de votaciones de centros partidistas, extraños a los poderes públicos. Es una necesidad fundamental restituir a ese principio un contenido real y efectivo, y bien observados los acontecimientos políticos de Europa en estos últimos años, puede afirmarse que, habiéndose tornado inevitables por el desorden de aquel mecanismo, todo gira en torno a la preocupación dominante de hallar un sistema que dé al Poder Ejecutivo independencia, estabilidad, prestigio y fuerza.
Sea cual fuere la composición y el proceso de formación de las Cámaras, ha de reconocérseles la facultad exclusiva de fiscalizar la gobernación pública, de trazar las grandes líneas orientadoras de la política del Estado y de hacer las leyes. No se opone a ésto dificultad alguna de principio; pero estoy convencido de que las necesidades modernas de la legislación, excepcionalmente abundante, de un lado, y de otro la lentitud de movimientos de un órgano tan complejo como las Cámaras, operarán dentro de pocos años una gran transformación en sus métodos de trabajo. Preveo que los parlamentos, aún cuando no hayan de convertirse en lo porvenir en órganos puramente políticos y extraños a la función legislativa, han de verse obligados a aprobar solamente las bases generales de las grandes leyes, dejando al Poder Ejecutivo, como responsable que es de la marcha de la administración, facultades más amplias que las simplemente reglamentarias que hoy tiene.
Trabajen de ésta o de otra forma, lo que no puede reconocerse a las Cámaras Legislativas es el derecho a imponer o derribar Ministros, y hacer una obra de obstrucción de la vida pública. Así, dejando de ser combinaciones, circunstanciales de grupos para la conquista del otro Poder, serán las Cámaras susceptibles de disciplina y buen rendimiento dentro de su función, trabajando sólo el tiempo indispensable para ejercerla bien.
El Poder Ejecutivo, ejercido por el Jefe del Estado, con los Ministros nombrados libremente por él, sin subordinación a ninguna indicación parlamentaria, tiene por misión gobernar con arreglo a derecho; le incumbe la obligación y la responsabilidad de mantener la existencia y la honra de la Nación, asegurar el orden y la tranquilidad públicas, cumplir y hacer cumplir las leyes, proveer a todo lo que sea indispensable para la conservación y funcionamiento del Estado. Para éso es forzoso que sea tan independiente y tan legítimo representante de la Nación como el Poder Legislativo.
En nuestra triste historia contemporánea parece que nunca pudieron coexistir los dos Poderes debidamente equilibrados: ora es el Legislativo el que domina, subordinando los gobiernos a su voluntad; ora es el Ejecutivo el que reacciona, reemplazando enteramente a aquel. Y lo peor es que, como tiene demostrado la experiencia, para trabajar por el País desde el gobierno, es preciso prescindir de la Constitución.
Pues bien: hay que preparar un orden constitucional que pueda ser la vida normal del Estado, y en la que se consiga la armonía de los Poderes sin privar al Legislativo de competencia y prestigio, ni al Ejecutivo de estabilidad y fuerza.
d) Coordinación social: La Nación en el Estado
No obstante todo lo expuesto, no haríamos más que pasar de un texto a otro texto y de una ficción a otra ficción, si no procurásemos coordinar debidamente en el Estado todos los elementos políticos de la sociedad.
El liberalismo político del siglo XIX creó el «ciudadano», individuo desintegrado de la familia, de la clase, de la profesión, del medio cultural, de la agremiación económica, y le otorgó, para que lo ejerciera facultativamente, el derecho de intervenir en la Constitución del Estado. De ese modo colocó en él la fuente de la soberanía nacional.
Si examinamos bien las cosas, nos hallamos en presencia de una abstracción — concepto erróneo e insuficiente—; por lo cual sólo si caminamos en el sentido de los grupos naturales necesarios a la vida individual y con los cuales se integra realmente la sociedad política, llegaremos a encontrar con seguridad el punto de apoyo que buscamos.
En la base está la familia, célula social primaria, núcleo originario de la parroquia, del municipio y por consiguiente, de la Nación: es, por naturaleza, el primero de los elementos politicos orgánicos del Estado constitucional. Con garantías eficaces en su formación, conservación y desenvolvimiento, la familia debe ejercer, por medio de su jefe, el derecho de elegir los miembros de los cuerpos administrativos, al menos de la parroquia, toda vez que ésta no es más que la expansión natural de los hogares, con los intereses comunes que les afectan. Así es como, de un modo preferente, concebimos al ciudadano con sus derechos políticos fundamentales.
Las corporaciones morales y económicas, como son las universidades, las academias científicas, las agrupaciones literarias, artísticas y técnicas, las asociaciones agrícolas, industriales, comerciales, coloniales y obreras, son manifestaciones de actividad que la civilización va creando, por virtud del mismo instinto o necesidad social.
Como representan intereses legítimos, que hay que coordinar con los de la colectividad, es interés del Estado y tendencia de los tiempos, que se multipliquen y amplíen en federaciones y confederaciones, para que constituyan verdaderos factores componentes de la Nación organizada. Como tales, deben concurrir con su voto o su representación a la constitución de las Cámaras, en las que se desea que haya una delegación verdaderamente nacional. Una vez más se abandona una ficción — el partido —, para aprovechar una realidad — la asociación.
Los cuerpos administrativos deben tener no solamente prerrogativas de administración local y regional tan descentralizada como lo permitan las condiciones del País, sino también derechos políticos con influencia en la orgánica del Estado. Su origen y su posición en el organismo nacional exigen lógicamente que también constituyan colegios electorales a los efectos de designar los miembros de las Cámaras Legislativas, junto con los votos de las corporaciones morales y económicas.
En resumen: se pretende construir el Estado social y corporativo en estrecha correlación con la constitución natural de la sociedad. Las familias, las parroquias, los municipios, las corporaciones donde se agrupan todos los ciudadanos, con sus libertades jurídicas fundamentales, son los organismos componentes de la Nación, y deben tener, como tales, intervención directa en la constitución de los cuerpos supremos del Estado. He aquí una expresión, más fiel que cualquier otra, del sistema representativo.
El liberalismo político del siglo XIX creó el «ciudadano», individuo desintegrado de la familia, de la clase, de la profesión, del medio cultural, de la agremiación económica, y le otorgó, para que lo ejerciera facultativamente, el derecho de intervenir en la Constitución del Estado. De ese modo colocó en él la fuente de la soberanía nacional.
Si examinamos bien las cosas, nos hallamos en presencia de una abstracción — concepto erróneo e insuficiente—; por lo cual sólo si caminamos en el sentido de los grupos naturales necesarios a la vida individual y con los cuales se integra realmente la sociedad política, llegaremos a encontrar con seguridad el punto de apoyo que buscamos.
En la base está la familia, célula social primaria, núcleo originario de la parroquia, del municipio y por consiguiente, de la Nación: es, por naturaleza, el primero de los elementos politicos orgánicos del Estado constitucional. Con garantías eficaces en su formación, conservación y desenvolvimiento, la familia debe ejercer, por medio de su jefe, el derecho de elegir los miembros de los cuerpos administrativos, al menos de la parroquia, toda vez que ésta no es más que la expansión natural de los hogares, con los intereses comunes que les afectan. Así es como, de un modo preferente, concebimos al ciudadano con sus derechos políticos fundamentales.
Las corporaciones morales y económicas, como son las universidades, las academias científicas, las agrupaciones literarias, artísticas y técnicas, las asociaciones agrícolas, industriales, comerciales, coloniales y obreras, son manifestaciones de actividad que la civilización va creando, por virtud del mismo instinto o necesidad social.
Como representan intereses legítimos, que hay que coordinar con los de la colectividad, es interés del Estado y tendencia de los tiempos, que se multipliquen y amplíen en federaciones y confederaciones, para que constituyan verdaderos factores componentes de la Nación organizada. Como tales, deben concurrir con su voto o su representación a la constitución de las Cámaras, en las que se desea que haya una delegación verdaderamente nacional. Una vez más se abandona una ficción — el partido —, para aprovechar una realidad — la asociación.
Los cuerpos administrativos deben tener no solamente prerrogativas de administración local y regional tan descentralizada como lo permitan las condiciones del País, sino también derechos políticos con influencia en la orgánica del Estado. Su origen y su posición en el organismo nacional exigen lógicamente que también constituyan colegios electorales a los efectos de designar los miembros de las Cámaras Legislativas, junto con los votos de las corporaciones morales y económicas.
En resumen: se pretende construir el Estado social y corporativo en estrecha correlación con la constitución natural de la sociedad. Las familias, las parroquias, los municipios, las corporaciones donde se agrupan todos los ciudadanos, con sus libertades jurídicas fundamentales, son los organismos componentes de la Nación, y deben tener, como tales, intervención directa en la constitución de los cuerpos supremos del Estado. He aquí una expresión, más fiel que cualquier otra, del sistema representativo.
e) Progreso económico y paz social
No se puede aspirar a constituir un Estado equilibrado y fuerte sin la coordinación y desenvolvimiento de la economía nacional que hoy, más que nunca, ha de formar parte de la organización política. Acaso en este punto radique la mayor transformación constitucional práctica que hay que realizar en todas las naciones civilizadas.
Es cierto que en Portugal la importancia y la necesidad de esta evolución no surge por el influjo de escuelas, de organizaciones obreras subversivas, como en los países fuertemente industrializados o directamente afectados por la hecatombe y las miserias de la guerra. Proviene, más bien, del atraso material que desgraciadamente caracteriza a nuestro País, unido a cierta falta de coordinación, de continuidad y de estabilidad, condiciones todas ellas propicias al desarrollo de explotaciones y parasitismos, causantes de continuas perturbaciones, y que incluso pueden considerarse como culpables de algunas revoluciones.
Las mismas necesidades históricas, los mismos fines de templado nacionalismo deben también conducir, en este campo, a la sustitución del individualismo, puro o mixto, por normas y condiciones encaminadas a orientar y fomentar la producción, a desenvolver la riqueza general, a establecer una suficiente armonía en el medio social, bajo la protección del Estado. Las doctrinas que informan estos problemas, al menos en su expresión superior y en su más amplio enunciado, habían de pasar al plano constitucional, como ya en parte se ha hecho en los códigos fundamentales de algunas naciones europeas, promulgados depués de la guerra .
Como todo el organismo económico ha de estar subordinado al engrandecimiento político, moral, social y material del País y al poder y fuerza del Estado, deben igualmente tener cabida en el cuadro constitucional las garantías generales referentes a las grandes obras y mejoras de interés público, tales como comunicaciones nacionales, grandes fuentes de fuerza motriz, redes de transporte y abastecimiento de energía eléctrica, cuyos planos incumbe al Estado trazar y hacer realizar.
Coordinar las corporaciones, las federaciones y confederaciones económicas de carácter patronal u obrero, formadas espontáneamente o por impulso del Poder, apartándolas de las pugnas y luchas, y sometiendo todas las actividades e intereses a las necesidades e intereses superiores de la Nación: he ahí el pensamiento que, por otra parte, debe inspirar la ley y la administración pública. Pero a la par de esta idea, hay que dejar bien sentada otra, que garantice los derechos y los justos intereses morales y materiales de las clases trabajadoras. Reconocer al trabajo su cualidad de elemento de cooperación con la empresa y por consiguiente asociarle, moral y económicamente, al destino de la produción, con el debido respeto a las exigencias de la propriedad, del rendimiento y de la técnica, es doctrina que el Estado debe consagrar también como fundamental, y de cuya realización dependerá, en gran parte, el progreso en la paz y en el orden social.
Es cierto que en Portugal la importancia y la necesidad de esta evolución no surge por el influjo de escuelas, de organizaciones obreras subversivas, como en los países fuertemente industrializados o directamente afectados por la hecatombe y las miserias de la guerra. Proviene, más bien, del atraso material que desgraciadamente caracteriza a nuestro País, unido a cierta falta de coordinación, de continuidad y de estabilidad, condiciones todas ellas propicias al desarrollo de explotaciones y parasitismos, causantes de continuas perturbaciones, y que incluso pueden considerarse como culpables de algunas revoluciones.
Las mismas necesidades históricas, los mismos fines de templado nacionalismo deben también conducir, en este campo, a la sustitución del individualismo, puro o mixto, por normas y condiciones encaminadas a orientar y fomentar la producción, a desenvolver la riqueza general, a establecer una suficiente armonía en el medio social, bajo la protección del Estado. Las doctrinas que informan estos problemas, al menos en su expresión superior y en su más amplio enunciado, habían de pasar al plano constitucional, como ya en parte se ha hecho en los códigos fundamentales de algunas naciones europeas, promulgados depués de la guerra .
Como todo el organismo económico ha de estar subordinado al engrandecimiento político, moral, social y material del País y al poder y fuerza del Estado, deben igualmente tener cabida en el cuadro constitucional las garantías generales referentes a las grandes obras y mejoras de interés público, tales como comunicaciones nacionales, grandes fuentes de fuerza motriz, redes de transporte y abastecimiento de energía eléctrica, cuyos planos incumbe al Estado trazar y hacer realizar.
Coordinar las corporaciones, las federaciones y confederaciones económicas de carácter patronal u obrero, formadas espontáneamente o por impulso del Poder, apartándolas de las pugnas y luchas, y sometiendo todas las actividades e intereses a las necesidades e intereses superiores de la Nación: he ahí el pensamiento que, por otra parte, debe inspirar la ley y la administración pública. Pero a la par de esta idea, hay que dejar bien sentada otra, que garantice los derechos y los justos intereses morales y materiales de las clases trabajadoras. Reconocer al trabajo su cualidad de elemento de cooperación con la empresa y por consiguiente asociarle, moral y económicamente, al destino de la produción, con el debido respeto a las exigencias de la propriedad, del rendimiento y de la técnica, es doctrina que el Estado debe consagrar también como fundamental, y de cuya realización dependerá, en gran parte, el progreso en la paz y en el orden social.
IV Algunos reparos...
He procurado presentar con la mayor claridad posible los principios básicos en que, según el manifiesto de la UNIÓN NACIONAL, debe apoyarse el nuevo orden de cosas, y sin embargo, no me extrañaría que en vuestro espíritu surgieran muchas objeciones a lo que acabo de deciros.
Un reparo ya preveo: en un discurso tan extenso, sobre materia exclusivamente política, se habla poco de libertad, de democracia, de soberanía del pueblo, y mucho, por el contrario, de orden, de autoridad, de disciplina, de coordinación social, de Nación y de Estado. Es cierto, y hay que confesarlo valerosamente si de verdad nos disponemos a hacer algo nuevo: hay palabras y conceptos gastados sobre los cuales no se puede ya edificar nada sólido.
Sabemos por la razón y comprobamos por la experiencia que no es posible construir sobre este concepto — libertad — un sistema político que efectivamente garantice las legítimas libertades individuales y colectivas. Más bien en su nombre, se han podido defender — y con alguna lógica, Señores, — todas las opresiones y todos los despotismos. Hemos visto que la adulación a las masas por la creación del «pueblo soberano», no dió al pueblo, como agregado nacional, ni influencia en la marcha de los negocios públicos, ni aquello que al pueblo — soberano o no — le es más necesario: ser gobernado bien. Tanto hemos visto preconizar las bellezas de la igualdad y las ventajas de la democracia, y para exaltarlas se ha descendido tanto, que ha faltado muy poco para que la nivelación se operase por abajo, con menosprecio de las desigualdades naturales y de la necesaria y legítima jerarquía de los valores en una sociedad bien ordenada.
Ahora bien, nosotros queremos ser más positivos, es decir, más verdaderos en nuestra política.
En la crisis de autoridad por que atraviesa el Estado, darle autoridad y fuerza para que mantenga con firmeza el orden, sin el cual ninguna sociedad puede existir y prosperar; organizar los poderes y funciones del Estado de forma que se ejerzan normalmente sin atropellos o sin subversiones; reducir la intervención del Estado en la libre expansión de las actividades que se mueven y actúan en su seno a los limites reclamados por las exigencias de la armonía y la coexistencia sociales; definir los derechos y garantías de los individuos y de las colectividades, y regularlos y defenderlos de tal modo que el Estado no pueda desconocerlos, ni los ciudadanos violarlos impunemente, en ésto consiste la libertad.
Rescatar el poder de las clientelas partidistas; sobreponer a todos los intereses el interés de todos, o sea el interés nacional; hacer inaccesible el Estado a la conquista de minorías audaces, y tenerlo, por el contrario, en contacto permanente con las necesidades y aspiraciones del País; organizar la Nación, de arriba a abajo, con las diferentes manifestaciones de su vida colectiva, desde la familia a los cuerpos administrativos y las corporaciones morales y económicas, e integrar este conjunto en el Estado, que será así su expresión viviente: ésto es dar realidad a la soberanía nacional.
Hay que tener en cuenta que los hombres viven en condiciones diferentes, y que ese hecho se opone muchas veces a que sea una realidad su igualdad jurídica. Proteger con la fuerza del Estado preferentemente a los pobres y a los débiles; fomentar la riqueza nacional para que a todos llegue al menos lo indispensable; multiplicar las instituciones de asistencia y educación que ayuden a elevar las masas popularos hasta la cultura, el bienestar y los altos puertos de la Nación y del Estado; mantener no solo abiertos sino accesibles, todos los cuadres al libre ascenso de los mejores valores sociales: ésto es amar al pueblo, y si la democracia puede tener aún una recta acepción, ésto es democracia.
los ciudadanos violarlos impunemente, en ésto consiste la libertad.
Rescatar el poder de las clientelas partidistas; sobreponer a todos los intereses el interés de todos, o sea el interés nacional; hacer inaccesible el Estado a la conquista de minorías audaces, y tenerlo, por el contrario, en contacto permanente con las necesidades y aspiraciones del País; organizar la Nación, de arriba a abajo, con las diferentes manifestaciones de su vida colectiva, desde la familia a los cuerpos administrativos y las corporaciones morales y económicas, e integrar este conjunto en el Estado, que será así su expresión viviente: ésto es dar realidad a la soberanía nacional.
Hay que tener en cuenta que los hombres viven en condiciones diferentes, y que ese hecho se opone muchas veces a que sea una realidad su igualdad jurídica. Proteger con la fuerza del Estado preferentemente a los pobres y a los débiles; fomentar la riqueza nacional para que a todos llegue al menos lo indispensable; multiplicar las instituciones de asistencia y educación que ayuden a elevar las masas popularos hasta la cultura, el bienestar y los altos puertos de la Nación y del Estado; mantener no solo abiertos sino accesibles, todos los cuadres al libre ascenso de los mejores valores sociales: ésto es amar al pueblo, y si la democracia puede tener aún una recta acepción, ésto es democracia.
Ahí tenéis cual es mi pensamiento acerca de vuestras objeciones.
Un reparo ya preveo: en un discurso tan extenso, sobre materia exclusivamente política, se habla poco de libertad, de democracia, de soberanía del pueblo, y mucho, por el contrario, de orden, de autoridad, de disciplina, de coordinación social, de Nación y de Estado. Es cierto, y hay que confesarlo valerosamente si de verdad nos disponemos a hacer algo nuevo: hay palabras y conceptos gastados sobre los cuales no se puede ya edificar nada sólido.
Sabemos por la razón y comprobamos por la experiencia que no es posible construir sobre este concepto — libertad — un sistema político que efectivamente garantice las legítimas libertades individuales y colectivas. Más bien en su nombre, se han podido defender — y con alguna lógica, Señores, — todas las opresiones y todos los despotismos. Hemos visto que la adulación a las masas por la creación del «pueblo soberano», no dió al pueblo, como agregado nacional, ni influencia en la marcha de los negocios públicos, ni aquello que al pueblo — soberano o no — le es más necesario: ser gobernado bien. Tanto hemos visto preconizar las bellezas de la igualdad y las ventajas de la democracia, y para exaltarlas se ha descendido tanto, que ha faltado muy poco para que la nivelación se operase por abajo, con menosprecio de las desigualdades naturales y de la necesaria y legítima jerarquía de los valores en una sociedad bien ordenada.
Ahora bien, nosotros queremos ser más positivos, es decir, más verdaderos en nuestra política.
En la crisis de autoridad por que atraviesa el Estado, darle autoridad y fuerza para que mantenga con firmeza el orden, sin el cual ninguna sociedad puede existir y prosperar; organizar los poderes y funciones del Estado de forma que se ejerzan normalmente sin atropellos o sin subversiones; reducir la intervención del Estado en la libre expansión de las actividades que se mueven y actúan en su seno a los limites reclamados por las exigencias de la armonía y la coexistencia sociales; definir los derechos y garantías de los individuos y de las colectividades, y regularlos y defenderlos de tal modo que el Estado no pueda desconocerlos, ni los ciudadanos violarlos impunemente, en ésto consiste la libertad.
Rescatar el poder de las clientelas partidistas; sobreponer a todos los intereses el interés de todos, o sea el interés nacional; hacer inaccesible el Estado a la conquista de minorías audaces, y tenerlo, por el contrario, en contacto permanente con las necesidades y aspiraciones del País; organizar la Nación, de arriba a abajo, con las diferentes manifestaciones de su vida colectiva, desde la familia a los cuerpos administrativos y las corporaciones morales y económicas, e integrar este conjunto en el Estado, que será así su expresión viviente: ésto es dar realidad a la soberanía nacional.
Hay que tener en cuenta que los hombres viven en condiciones diferentes, y que ese hecho se opone muchas veces a que sea una realidad su igualdad jurídica. Proteger con la fuerza del Estado preferentemente a los pobres y a los débiles; fomentar la riqueza nacional para que a todos llegue al menos lo indispensable; multiplicar las instituciones de asistencia y educación que ayuden a elevar las masas popularos hasta la cultura, el bienestar y los altos puertos de la Nación y del Estado; mantener no solo abiertos sino accesibles, todos los cuadres al libre ascenso de los mejores valores sociales: ésto es amar al pueblo, y si la democracia puede tener aún una recta acepción, ésto es democracia.
los ciudadanos violarlos impunemente, en ésto consiste la libertad.
Rescatar el poder de las clientelas partidistas; sobreponer a todos los intereses el interés de todos, o sea el interés nacional; hacer inaccesible el Estado a la conquista de minorías audaces, y tenerlo, por el contrario, en contacto permanente con las necesidades y aspiraciones del País; organizar la Nación, de arriba a abajo, con las diferentes manifestaciones de su vida colectiva, desde la familia a los cuerpos administrativos y las corporaciones morales y económicas, e integrar este conjunto en el Estado, que será así su expresión viviente: ésto es dar realidad a la soberanía nacional.
Hay que tener en cuenta que los hombres viven en condiciones diferentes, y que ese hecho se opone muchas veces a que sea una realidad su igualdad jurídica. Proteger con la fuerza del Estado preferentemente a los pobres y a los débiles; fomentar la riqueza nacional para que a todos llegue al menos lo indispensable; multiplicar las instituciones de asistencia y educación que ayuden a elevar las masas popularos hasta la cultura, el bienestar y los altos puertos de la Nación y del Estado; mantener no solo abiertos sino accesibles, todos los cuadres al libre ascenso de los mejores valores sociales: ésto es amar al pueblo, y si la democracia puede tener aún una recta acepción, ésto es democracia.
Ahí tenéis cual es mi pensamiento acerca de vuestras objeciones.
V
... y algunas advertencias
... y algunas advertencias
Permitidme ahora que por mi parte formule, no unas objeciones, sino algunas advertencias. Voy a haceros la primera:
Las ideas que, desde el punto de vista del Gobierno, deben formar la base del futuro Estatuto constitucional, no deben ser únicamente admitidas por nuestra inteligencia, sino también sentidas, vividas, ejecutadas. No vayamos a creer que por el hecho de que queden incorporadas a una Constituición hemos encontrado el remedio para todos los males políticos. Muertas, enterradas en textos legales, pueden ser inofensivas— lo que ya es una ventaja, porque otras no lo son—, pero no serán eficaces. Las leyes, en verdad las hacen los hombres que las ejecutan, y acaban por ser en la práctica, bajo el velo de su pureza abstracta, el espejo de los defectos de nuestra inteligencia y de las desviaciones de nuestra voluntad.
Este es el motivo por el cual, siempre que miro para lo futuro, siempre que pienso en la consolidación y progreso de lo que se ha hecho a favor del orden, de la disciplina, de la economía y del progreso del País, veo claramente que nada de lo que se está construyendo será sólido, si no se opera una revolución mental y moral en los portugueses de hoy, y si no se emprende una cuidadosa preparación de las generaciones de mañana. Me pregunto si en el alma de los que dicen acompañarnos existe el amor de la Patria hasta el sacrificio, el deseo de servir bien, la voluntad de obedecer — única escuela para aprender a mandar—, la necesidad viva de la disciplina, del orden, de la justicia, del trabajo honrado. No es éste un programa para ángeles, sino simplemente el conjunto de requisitos indispensables en hombres que, proponiéndose salvar al País, no deben constituir un obstáculo para que se salve.
Todos tenemos simpatías, antipatías, repugnancias, pasiones, tal vez odios, cultura y mentalidades diversas; aunque el Gobierno, huyendo de extremismos de una y otra banda, hace un llamamiento a todos los portugueses de sano patriotismo, procurando unirlos en torno a ideas constitucionales razonables y justas, es cierto que muchos no querrán auxiliar a la Dictadura, ni secundar su intento de resolver el problema político portugués. En todo caso, la UNION NACIONAL — y ésta es la segunda advertencia que deseaba hacer — no puede abandonar el campo meramente nacional y patriótico para contaminarse con el espíritu de partido, porque sería criminal, y además de críticos con el partido... de los que no quieren serlo. ¡No! Invitados por el Gobierno a apoyar la Dictadura, para que ésta acabe de asentar las grandes bases de la reorganización nacional, y prepare el futuro ejercicio normal de los Poderes del Estado, los portugueses que se apresten a ofrecer su concurso saben que cumplen un deber, pero que no adquieren un derecho, que precisamente con su ayuda va a dejar el Estado de hacer favores a algunos para poder hacer justicia a todos.
Tal vez sea duro este lenguaje, pero es preciso que todos lo comprendan, porque estamos en el momento decisivo en que, viniendo a nosotros tantos hombres de buena voluntad, nos han de abandonar muchos de los que creían estar con nosotros, y que ahora comprueban con sorpresa que estaban equivocados.
Las ideas que, desde el punto de vista del Gobierno, deben formar la base del futuro Estatuto constitucional, no deben ser únicamente admitidas por nuestra inteligencia, sino también sentidas, vividas, ejecutadas. No vayamos a creer que por el hecho de que queden incorporadas a una Constituición hemos encontrado el remedio para todos los males políticos. Muertas, enterradas en textos legales, pueden ser inofensivas— lo que ya es una ventaja, porque otras no lo son—, pero no serán eficaces. Las leyes, en verdad las hacen los hombres que las ejecutan, y acaban por ser en la práctica, bajo el velo de su pureza abstracta, el espejo de los defectos de nuestra inteligencia y de las desviaciones de nuestra voluntad.
Este es el motivo por el cual, siempre que miro para lo futuro, siempre que pienso en la consolidación y progreso de lo que se ha hecho a favor del orden, de la disciplina, de la economía y del progreso del País, veo claramente que nada de lo que se está construyendo será sólido, si no se opera una revolución mental y moral en los portugueses de hoy, y si no se emprende una cuidadosa preparación de las generaciones de mañana. Me pregunto si en el alma de los que dicen acompañarnos existe el amor de la Patria hasta el sacrificio, el deseo de servir bien, la voluntad de obedecer — única escuela para aprender a mandar—, la necesidad viva de la disciplina, del orden, de la justicia, del trabajo honrado. No es éste un programa para ángeles, sino simplemente el conjunto de requisitos indispensables en hombres que, proponiéndose salvar al País, no deben constituir un obstáculo para que se salve.
Todos tenemos simpatías, antipatías, repugnancias, pasiones, tal vez odios, cultura y mentalidades diversas; aunque el Gobierno, huyendo de extremismos de una y otra banda, hace un llamamiento a todos los portugueses de sano patriotismo, procurando unirlos en torno a ideas constitucionales razonables y justas, es cierto que muchos no querrán auxiliar a la Dictadura, ni secundar su intento de resolver el problema político portugués. En todo caso, la UNION NACIONAL — y ésta es la segunda advertencia que deseaba hacer — no puede abandonar el campo meramente nacional y patriótico para contaminarse con el espíritu de partido, porque sería criminal, y además de críticos con el partido... de los que no quieren serlo. ¡No! Invitados por el Gobierno a apoyar la Dictadura, para que ésta acabe de asentar las grandes bases de la reorganización nacional, y prepare el futuro ejercicio normal de los Poderes del Estado, los portugueses que se apresten a ofrecer su concurso saben que cumplen un deber, pero que no adquieren un derecho, que precisamente con su ayuda va a dejar el Estado de hacer favores a algunos para poder hacer justicia a todos.
Tal vez sea duro este lenguaje, pero es preciso que todos lo comprendan, porque estamos en el momento decisivo en que, viniendo a nosotros tantos hombres de buena voluntad, nos han de abandonar muchos de los que creían estar con nosotros, y que ahora comprueban con sorpresa que estaban equivocados.
