por D. Rafael Gambra Ciudad
El legado de Mella
ara penetrar en el pensamiento de Mella es preciso, ante todo, comprender, el sentido en que emplea el calificativo de social, que es, diríamos, la piedra angular de lo que constituye su principal aportación.
Hoy es muy empleado este calificativo, generalmente precedido del artículo neutro -lo social-, que es un modo de sustantivar conceptos sólo oscuramente conocidos y muy equívocamente empleados. Este concepto actual de lo social coincide en un aspecto con el de Mella, pero difiere muy esencialmente en otro y por ello puede ocasionar multitud de equívocos. He aquí, como ejemplo, un párrafo de Mella que podría juzgarse enteramente actual: "(se extiende por España) un movimiento social que nace del impulso de todo un pueblo...; y esa ola social indica que este régimen, estos partidos, estas oligarquías que hoy tienen que transformarse...(3)". Esta frase podría ser citada como un anticipo profético de lo que hoy se llama política social. Coinciden ambos conceptos, además de en una común referencia a la sociedad, en su aspecto negativo, esto es, en su intención crítica respecto del sistema político liberal o individualista.
(3) Vázquez de Mella, Juan. Obras Completas. Junta del Homenaje a Mella, Madrid, 1932, tomo VIII, pág. 202.
El liberalismo que partía, como es sabido, de la bondad natural del hombre, y que propugnaba una organización racional del Estado y de la sociedad, procuró la destrucción de todas las sociedades e instituciones intermedias entre el poder político y el individuo. Eran éstas consideradas como productos irracionales de un pasado medieval, y constituían para los hombres de la Revolución aquella sociedad que, según Rousseau, era causa de la perversión del hombre. Como dice el propio Mella, "la obra política de la Revolución francesa consistió principalmente en destruir toda aquella serie de organismos intermedios - patrimonios familiares, gremios, universidades autónomas, municipios con bienes propios, administraciones regionales, el mismo patrimonio de la Iglesia- que como corporaciones protectoras se extendían entre el individuo y el Estado". Sobre las ruinas de todas estas instituciones que coartaban la libertad del individuo debería elevarse el nuevo Estado racional, con el imperativo de inhibirse de toda otra función que no fuese la meramente negativa de defender la libertad de los individuos.
Estas instituciones intermedias, que, durante el Medievo y aun durante la Edad Moderna hasta la Revolución, tuvieron vida propia y autónoma, podrían distribuirse en dos distintos órdenes: unas tenían un carácter natural, respondían a tendencias de la naturaleza específica del hombre: así, el impulso que llamaríamos de afectividad y continuidad, determinaba la institución familiar, con el pleno ejercicio de la patria potestad en su esfera, su propio patrimonio y su continuidad en el tiempo a través de adecuados medios sucesorios; el impulso económico-material, determinaba las clases profesionales y la institución gremial, permanente y autónoma; el impulso defensivo engendraba la institución militar, más vinculada por su naturaleza al poder político, pero con su existencia intangible y su propio fuero; el impulso intelectual, por fin, exigía la agrupación universitaria, libre y dotada de su propia personalidad y carácter. Fácilmente pueden reconocerse en estos impulsos las facultades que asignaba Platón a la naturaleza humana- apetito, ánimo e intelecto-,y en tales instituciones, las clases que reconoció el mismo Platón en el Estado ideal. No puede olvidarse que la Edad Media cristiana se propuso la realización del Estado estamentario de Platón, no según la teoría del Grande Hombre que reasumiera al individuo, sino según el principio aristotélico de la sociabilidad natural, es decir, de los impulsos insitos en la naturaleza del hombre con una espontánea realización en instituciones adecuadas.
El segundo grupo de instituciones intermedias tiene su carácter más fáctico o existencial que específico o natural. Brota de la realidad geográfica y de la realización histórica de las sociedades humanas y determina la institución municipal para el Gobierno de las agrupaciones ciudadanas o rurales, y la regional, que representa el derecho de toda más amplia sociedad histórica a administrarse por sí misma y a gobernarse por las propias leyes que brotan de su personalidad. Sobre estas instituciones naturales y fácticas surge la necesidad de unidad y dirección que exige, en el terreno religioso, propiamente espiritual, la institución eclesiástica, y en el orden humano, natural, la dirección del Estado.
Con la Revolución, la familia fue privada de su continuidad a través del tiempo por medio de unas leyes sucesorias individualistas, y, más tarde, ya bajo signo socialista, de su área vital mediante una tendente supresión de la propiedad privada. La Universidad se convirtió de "libre ayuntamiento de maestros y discípulos", en mera oficina estatal para la expedición y registro de títulos académicos. La clase, como unidad consciente de su destino y autodefensora, desapareció con la supresión de gremios y la confiscación de sus bienes. El municipio dejó de tener personalidad la aplicarse leyes uniformistas, y potencia económica comunal al ser desamortizados sus bienes, y pasó a vivir de "un recargo del presupuesto". La región, en fin, llegó a carecer, en España -pueblo eminentemente federativo y regional- de toda realidad jurídica e institucional. "Así, el Estado contemporáneo -concluye Mella- no reconoce la existencia jurídica del gremio, ni del municipio, ni de la universidad, ni de la misma familia, si no están sancionadas por su expresa voluntad.
Esto ha originado en los individuos dos sentimientos disolventes que son hoy generales entre los miembros de cualquier sociedad civil: el sentimiento de impotencia frente al poder del Estado, que en cualquier momento puede convertirse de laxo y tolerante en despótico y arbitrario; y el sentimiento de desarraigo que hace a cada hombre ajeno a toda institución y a cualquier destino colectivo, espectador de todas las cosas, preocupado sólo por su propio bienestar o, a lo sumo y en razón de instintos primarios de la sangre, por el de su propia familia; y, a la inversa, convierte a toda obra colectiva, a toda institución del régimen uniformista, en fingimiento externo, mentira manifiesta. Nadie se siente hoy vinculado a un gremio, a una universidad, a un pueblo o a una región, de forma tal que, aunque perciba sus defectos, los vea como algo propio, criticable sólo "desde dentro".
Inversamente, la disolución de las sociedades intermedias, naturales e históricas, ha engendrado en el Estado dos características que son también generales y casi necesarias: su carácter absolutista y su falta de estabilidad. Mella, que nunca reconoció trabas ambientales y oportunistas para la verdad y la consecuencia lógica, lanzó contra un régimen que se preciaba de creador de la libertad, el dictado del tiránico y absolutista, precisamente el mismo que se empleaba para designar el tradicionalismo político. Y- lo que es más grave para aquel régimen-, apoyándose en razones irrebatibles. "Si hay un poder- dice Mella- que asume toda la soberanía, si los derechos de los ciudadanos están a merced de su voluntad, si basta que él estima que una situación es grave para que pueda suspender las garantías legales de los ciudadanos, ¿qué cosa es esto, variando los nombres, más que un bárbaro absolutismo?". Donde no existen autonomías ni contrapoderes en el seno de la sociedad, sino que todo depende del Estado, no puede esperarse más que la tiranía, solapada o violenta, pero tiranía siempre.
Un mecanismo estatal difuso y meramente legal ha creado, al suprimir las responsabilidades concretas y las efectivas contenciones, un poder realmente ilimitado. El trámite legal y dialéctico de las democracias a los socialismos es históricamente posterior a Mella, pero está previsto por él.
La falta de estabilidad -que es un hecho empírico en los regímenes de suelo revolucionario- se deriva también de la falta de unas instituciones sociales, tradicionales en su obrar y vinculadas a un fin natural. Ellas eran, en la sociedad, como las raíces sobre los terrenos, a los que deparan contención y arraigo. Un régimen que en aquellas condiciones sólo podría evolucionar lentamente, queda, al ser reasumido todo poder y todo institucionalismo, en un estado unitariamente estructurado, a merced de cualquier eventualidad o movimiento de opinión.
Pero de todos estos males el más trágico y urgente, por ser el que afecta a la vida misma en un sentido inmediato, es el de las relaciones laborales entre los ciudadanos, el llamada por antonomasia problema social.
En un régimen que no reconoció a los débiles el derecho eficaz de asociación para su defensa al no sancionar la función gremial, en que no existía tampoco la propiedad común que aseguraba un mínimun vital a los desheredados, en que el Estado conocía sólo la exterioridad jurídica de los contratos, tenía que quedar el débil, necesariamente, a merced del poderoso. No es preciso entrar a describir el siglo del capitalismo -la época de Mella- en que, al lado del lujo y del despreocupado vivir de la burguesía, se iniciaba el más desesperado pauperismo: aquél que para nada es solidario de su medio ni siente el menor apego a su trabajo.
Esta realidad lleva pronto a conflictos inaplazables, a situaciones-límite, tales como el paro obrero y el odio de clases que anuncia la Revolución. Surge entonces la necesidad de imponer un orden, una dirección, a la sociedad misma. De la autonomía individual y de la función meramente jurídica del Estado, no se había derivado la libertad y el progreso, sino la esclavitud y la guerra. Ello hace preciso que en el seno de las relaciones sociales vuelva a surgir una estructura, un principio interno de orden y contención. De aquí se origina la preocupación social típica de nuestro tiempo.
Todas las soluciones del problema social pueden reducirse a dos posiciones generales: una consiste en que el Estado, previamente erigido en institución única, repase los límites meramente negativos y jurídicos a que, por las exigencias teóricas del propio liberalismo, se hallaba reducido, y se convierta en administrador de la riqueza nacional y en reglamentador de las relaciones económico-sociales. Esta es la solución propugnada por el socialismo, y también por aquellos sistemas que, bajo el nombre genérico de política social, representan un socialismo tendente y libre de violencias. La otra solución, aunque se la presente a menudo como una especie de término medio entre el individualismo y el socialismo o, es, en cuanto a lo social, mucho más radical que ésta. Consiste, no en que el Estado ejerza una tutela sobre la sociedad para imponerle una estructura coherente y duradera, sino en la restauración de la propia sociedad con su órganos naturales y su propia vitalidad interior. No en que lo social se convierta en una función más del poder político, sino en que sea una realidad más amplia de finalidades y órganos varios que contenga en sí- y requiera, en un aspecto- a la autoridad civil.
Esta tesis, que se ha llamado corporativa y orgánica, encontró en Mella el expositor y fundamentador, a mi juicio, más profundo y coherente. El vio toda su inmensa amplitud y se negó a darle esas denominaciones por estimar que rebasa con mucho lo por ella significado (4). Seguramente el propio nombre del socialismo le hubiera convenido con toda propiedad, de no haberlo ilógicamente usurpado una teoría que, por el contrario, representa el estatismo absoluto, es decir, la completa absorción de la sociedad por el Estado, de la estructura social por la política. Por eso improvisó Mella para esta concepción el nombre del sociedalismo. Ella es el hilo conductor de todo su pensamiento, riquísimo en facetas y matices, y también el mensaje de Mella para nuestra época.
(4) Víd. sobre la denominación de corporativa: Obras Completas, tomo VIII, pág. 155.
Hoy es muy empleado este calificativo, generalmente precedido del artículo neutro -lo social-, que es un modo de sustantivar conceptos sólo oscuramente conocidos y muy equívocamente empleados. Este concepto actual de lo social coincide en un aspecto con el de Mella, pero difiere muy esencialmente en otro y por ello puede ocasionar multitud de equívocos. He aquí, como ejemplo, un párrafo de Mella que podría juzgarse enteramente actual: "(se extiende por España) un movimiento social que nace del impulso de todo un pueblo...; y esa ola social indica que este régimen, estos partidos, estas oligarquías que hoy tienen que transformarse...(3)". Esta frase podría ser citada como un anticipo profético de lo que hoy se llama política social. Coinciden ambos conceptos, además de en una común referencia a la sociedad, en su aspecto negativo, esto es, en su intención crítica respecto del sistema político liberal o individualista.
(3) Vázquez de Mella, Juan. Obras Completas. Junta del Homenaje a Mella, Madrid, 1932, tomo VIII, pág. 202.
El liberalismo que partía, como es sabido, de la bondad natural del hombre, y que propugnaba una organización racional del Estado y de la sociedad, procuró la destrucción de todas las sociedades e instituciones intermedias entre el poder político y el individuo. Eran éstas consideradas como productos irracionales de un pasado medieval, y constituían para los hombres de la Revolución aquella sociedad que, según Rousseau, era causa de la perversión del hombre. Como dice el propio Mella, "la obra política de la Revolución francesa consistió principalmente en destruir toda aquella serie de organismos intermedios - patrimonios familiares, gremios, universidades autónomas, municipios con bienes propios, administraciones regionales, el mismo patrimonio de la Iglesia- que como corporaciones protectoras se extendían entre el individuo y el Estado". Sobre las ruinas de todas estas instituciones que coartaban la libertad del individuo debería elevarse el nuevo Estado racional, con el imperativo de inhibirse de toda otra función que no fuese la meramente negativa de defender la libertad de los individuos.
Estas instituciones intermedias, que, durante el Medievo y aun durante la Edad Moderna hasta la Revolución, tuvieron vida propia y autónoma, podrían distribuirse en dos distintos órdenes: unas tenían un carácter natural, respondían a tendencias de la naturaleza específica del hombre: así, el impulso que llamaríamos de afectividad y continuidad, determinaba la institución familiar, con el pleno ejercicio de la patria potestad en su esfera, su propio patrimonio y su continuidad en el tiempo a través de adecuados medios sucesorios; el impulso económico-material, determinaba las clases profesionales y la institución gremial, permanente y autónoma; el impulso defensivo engendraba la institución militar, más vinculada por su naturaleza al poder político, pero con su existencia intangible y su propio fuero; el impulso intelectual, por fin, exigía la agrupación universitaria, libre y dotada de su propia personalidad y carácter. Fácilmente pueden reconocerse en estos impulsos las facultades que asignaba Platón a la naturaleza humana- apetito, ánimo e intelecto-,y en tales instituciones, las clases que reconoció el mismo Platón en el Estado ideal. No puede olvidarse que la Edad Media cristiana se propuso la realización del Estado estamentario de Platón, no según la teoría del Grande Hombre que reasumiera al individuo, sino según el principio aristotélico de la sociabilidad natural, es decir, de los impulsos insitos en la naturaleza del hombre con una espontánea realización en instituciones adecuadas.
El segundo grupo de instituciones intermedias tiene su carácter más fáctico o existencial que específico o natural. Brota de la realidad geográfica y de la realización histórica de las sociedades humanas y determina la institución municipal para el Gobierno de las agrupaciones ciudadanas o rurales, y la regional, que representa el derecho de toda más amplia sociedad histórica a administrarse por sí misma y a gobernarse por las propias leyes que brotan de su personalidad. Sobre estas instituciones naturales y fácticas surge la necesidad de unidad y dirección que exige, en el terreno religioso, propiamente espiritual, la institución eclesiástica, y en el orden humano, natural, la dirección del Estado.
Con la Revolución, la familia fue privada de su continuidad a través del tiempo por medio de unas leyes sucesorias individualistas, y, más tarde, ya bajo signo socialista, de su área vital mediante una tendente supresión de la propiedad privada. La Universidad se convirtió de "libre ayuntamiento de maestros y discípulos", en mera oficina estatal para la expedición y registro de títulos académicos. La clase, como unidad consciente de su destino y autodefensora, desapareció con la supresión de gremios y la confiscación de sus bienes. El municipio dejó de tener personalidad la aplicarse leyes uniformistas, y potencia económica comunal al ser desamortizados sus bienes, y pasó a vivir de "un recargo del presupuesto". La región, en fin, llegó a carecer, en España -pueblo eminentemente federativo y regional- de toda realidad jurídica e institucional. "Así, el Estado contemporáneo -concluye Mella- no reconoce la existencia jurídica del gremio, ni del municipio, ni de la universidad, ni de la misma familia, si no están sancionadas por su expresa voluntad.
Esto ha originado en los individuos dos sentimientos disolventes que son hoy generales entre los miembros de cualquier sociedad civil: el sentimiento de impotencia frente al poder del Estado, que en cualquier momento puede convertirse de laxo y tolerante en despótico y arbitrario; y el sentimiento de desarraigo que hace a cada hombre ajeno a toda institución y a cualquier destino colectivo, espectador de todas las cosas, preocupado sólo por su propio bienestar o, a lo sumo y en razón de instintos primarios de la sangre, por el de su propia familia; y, a la inversa, convierte a toda obra colectiva, a toda institución del régimen uniformista, en fingimiento externo, mentira manifiesta. Nadie se siente hoy vinculado a un gremio, a una universidad, a un pueblo o a una región, de forma tal que, aunque perciba sus defectos, los vea como algo propio, criticable sólo "desde dentro".
Inversamente, la disolución de las sociedades intermedias, naturales e históricas, ha engendrado en el Estado dos características que son también generales y casi necesarias: su carácter absolutista y su falta de estabilidad. Mella, que nunca reconoció trabas ambientales y oportunistas para la verdad y la consecuencia lógica, lanzó contra un régimen que se preciaba de creador de la libertad, el dictado del tiránico y absolutista, precisamente el mismo que se empleaba para designar el tradicionalismo político. Y- lo que es más grave para aquel régimen-, apoyándose en razones irrebatibles. "Si hay un poder- dice Mella- que asume toda la soberanía, si los derechos de los ciudadanos están a merced de su voluntad, si basta que él estima que una situación es grave para que pueda suspender las garantías legales de los ciudadanos, ¿qué cosa es esto, variando los nombres, más que un bárbaro absolutismo?". Donde no existen autonomías ni contrapoderes en el seno de la sociedad, sino que todo depende del Estado, no puede esperarse más que la tiranía, solapada o violenta, pero tiranía siempre.
Un mecanismo estatal difuso y meramente legal ha creado, al suprimir las responsabilidades concretas y las efectivas contenciones, un poder realmente ilimitado. El trámite legal y dialéctico de las democracias a los socialismos es históricamente posterior a Mella, pero está previsto por él.
La falta de estabilidad -que es un hecho empírico en los regímenes de suelo revolucionario- se deriva también de la falta de unas instituciones sociales, tradicionales en su obrar y vinculadas a un fin natural. Ellas eran, en la sociedad, como las raíces sobre los terrenos, a los que deparan contención y arraigo. Un régimen que en aquellas condiciones sólo podría evolucionar lentamente, queda, al ser reasumido todo poder y todo institucionalismo, en un estado unitariamente estructurado, a merced de cualquier eventualidad o movimiento de opinión.
Pero de todos estos males el más trágico y urgente, por ser el que afecta a la vida misma en un sentido inmediato, es el de las relaciones laborales entre los ciudadanos, el llamada por antonomasia problema social.
En un régimen que no reconoció a los débiles el derecho eficaz de asociación para su defensa al no sancionar la función gremial, en que no existía tampoco la propiedad común que aseguraba un mínimun vital a los desheredados, en que el Estado conocía sólo la exterioridad jurídica de los contratos, tenía que quedar el débil, necesariamente, a merced del poderoso. No es preciso entrar a describir el siglo del capitalismo -la época de Mella- en que, al lado del lujo y del despreocupado vivir de la burguesía, se iniciaba el más desesperado pauperismo: aquél que para nada es solidario de su medio ni siente el menor apego a su trabajo.
Esta realidad lleva pronto a conflictos inaplazables, a situaciones-límite, tales como el paro obrero y el odio de clases que anuncia la Revolución. Surge entonces la necesidad de imponer un orden, una dirección, a la sociedad misma. De la autonomía individual y de la función meramente jurídica del Estado, no se había derivado la libertad y el progreso, sino la esclavitud y la guerra. Ello hace preciso que en el seno de las relaciones sociales vuelva a surgir una estructura, un principio interno de orden y contención. De aquí se origina la preocupación social típica de nuestro tiempo.
Todas las soluciones del problema social pueden reducirse a dos posiciones generales: una consiste en que el Estado, previamente erigido en institución única, repase los límites meramente negativos y jurídicos a que, por las exigencias teóricas del propio liberalismo, se hallaba reducido, y se convierta en administrador de la riqueza nacional y en reglamentador de las relaciones económico-sociales. Esta es la solución propugnada por el socialismo, y también por aquellos sistemas que, bajo el nombre genérico de política social, representan un socialismo tendente y libre de violencias. La otra solución, aunque se la presente a menudo como una especie de término medio entre el individualismo y el socialismo o, es, en cuanto a lo social, mucho más radical que ésta. Consiste, no en que el Estado ejerza una tutela sobre la sociedad para imponerle una estructura coherente y duradera, sino en la restauración de la propia sociedad con su órganos naturales y su propia vitalidad interior. No en que lo social se convierta en una función más del poder político, sino en que sea una realidad más amplia de finalidades y órganos varios que contenga en sí- y requiera, en un aspecto- a la autoridad civil.
Esta tesis, que se ha llamado corporativa y orgánica, encontró en Mella el expositor y fundamentador, a mi juicio, más profundo y coherente. El vio toda su inmensa amplitud y se negó a darle esas denominaciones por estimar que rebasa con mucho lo por ella significado (4). Seguramente el propio nombre del socialismo le hubiera convenido con toda propiedad, de no haberlo ilógicamente usurpado una teoría que, por el contrario, representa el estatismo absoluto, es decir, la completa absorción de la sociedad por el Estado, de la estructura social por la política. Por eso improvisó Mella para esta concepción el nombre del sociedalismo. Ella es el hilo conductor de todo su pensamiento, riquísimo en facetas y matices, y también el mensaje de Mella para nuestra época.
(4) Víd. sobre la denominación de corporativa: Obras Completas, tomo VIII, pág. 155.
